Si el movimiento estudiantil no puede protegerse, asegurar el carácter pacífico de sus marchas e impedir que éstas se vean tergiversadas por actos aislados pero de gran violencia y por otro lado tampoco las actuales autoridades se muestran capaces de prevenir la ocurrencia de éstos; pero sobre todo cuando vidas se ven en riesgo, como es el caso: es entonces hora de revisar cuidadosamente decisiones y actitudes para todos los actores de este conflicto. La responsabilidad recae también en el gobierno; por sus declaraciones y medidas muestra ánimo más bien beligerante mientras insiste en ignorar el espíritu pacífico de los manifestantes para así, cree, poder tal vez descalificar más fácilmente sus aspiraciones.
El movimiento estudiantil ha logrado mostrar ampliamente a la opinión pública la validez de sus aspiraciones de defensa de la educación pública y de rechazo al lucro en la educación. En un contexto de crisis gubernamental en curso precipitada por la sorpresiva desaprobación de la opinión pública al Ministro de Educación y al mismo Presidente, éste ha presentado al país una propuesta importante de mayor financiamiento para la educación superior y proyectos de agencias reguladoras. Pero hasta ahora, por desgracia, no muestra una correspondiente disposición al diálogo con los representantes de los estudiantes ni tampoco ha aclarado su posición en el tema del lucro en la educación superior ni sobre el dilema de fondo de la educación básica - de la gran desigualdad social inicial de los alumnos y de sus desafíos para la enseñanza pública.
La propensión del presidente y de una buena parte de la derecha de prescindir de negociaciones y diálogo en los ámbitos de movilización ciudadana es un estilo que se observa también en la postura del oficialismo en los debates de proyectos de ley en el Congreso, donde por lo demás es minoritario, lo que hace dicho estilo aún más incomprensible.
Las declaraciones actuales de las autoridades y las discusiones entre ellas mismas, cómo en el caso del Intendente (RM) y el Alcalde de Santiago,  hablan mal de las autoridades. Dejan ver ánimos represivos cuando los estudiantes se esfuerzan por asegurar el espíritu pacífico de sus manifestaciones. Cuando las medidas de contención han pasado a la represión, esta agudiza las dificultades que enfrentan los estudiantes para sostener el carácter pacífico de las marchas. Tampoco aportan a este fin las actuales declaraciones del propio Presidente de la República.
En vez de un llamado sereno a evitar toda violencia – se observa al Presidente Piñera señalar de "delincuente asesino" al estudiante acusado de agredir con una bomba molotov a un cabo de carabineros que resultó herido. Probablemente sentimientos de indignación por la gravedad de la agresión y por la decisión del juez que decidió la libertad del detenido –; llevaron al Presidente a dicha acusación y a emplazar al juez. Pero el descontrol de los términos escogidos es, sin embargo, desafortunado para un Presidente. Están sin embargo en línea con el ánimo oficialista beligerante, cuya más reciente expresión son  las acusaciones de las autoridades y de la derecha al presidente del Colegio de Profesores, culpabilizándolo por la violencia callejera. Señales de un innegable trasfondo de animadversión hacia el movimiento estudiantil.
Nadie duda a estas alturas de que el Presidente Piñera enfrenta una crisis gubernamental en pleno curso..  Una crisis política que inquieta incluso a El Mercurio – voz de la derecha – que  llama al realismo en su editorial de hoy que  deja ver conflicto y crisis política al interior del propio gobierno.
El país llega así a un fin de semana cruzado de múltiples crisis que permiten pensar – con poco margen  de error – que la derecha gobierna mal al país.  Enfrentada a grandes desafíos su economicismo le inhibe capacidad política para generar cambios y soluciones integrales – incluso en ámbito tan importantes como la agenda social paralizada por la soberbia de un oficialismo que insiste en  gobernar como si fuese mayoría en el Congreso.
Un año 2011 en que el país parece haber detenido su avance en ámbitos importantes de desarrollo no obstante el crecimiento económico alcanzado. Es más: la crisis política en el oficialismo arriesga  bloquear el desarrollo político del país cuando la oposición aparece aún dispersa, con capacidad de reacción a la perversa letra chica de los proyectos de ley pero sin proyección cultural propia en el mundo cambiante del siglo XXI en el cual los movimientos ciudadanos y las nuevas generaciones llevan delantera en el escenario de los grandes temas: como - ciencia, energía y medioambiente-, igualdad de género,  protección social, familia y trabajo, educación.
Una urgente señal de salida de la crisis sería para el gobierno reconocer la legitimidad política de la oposición y de los movimientos ciudadanos actuales, asumir las diferencias y abrir un debate claro y respetuoso que incorpore a representantes de los estudiantes y demás movimientos ciudadanos en una discusión para una reforma política y por una democracia avanzada que supere los déficits actuales de una representatividad política en crisis.